LOS BANOS, CA (15 de agosto de 2025) — El Proyecto de Ley del Senado 466, la medida que otorgaría a las empresas de agua una protección legal limitada mientras resuelven los problemas de cromo-6, se ha reducido en Sacramento. Los cambios importan aquí en casa: mantienen un camino para la rendición de cuentas mientras la ciudad trabaja bajo plazos estatales que se acercan rápidamente y con un precio elevado.
Qué cambió en el SB 466
Los primeros borradores ofrecían amplias protecciones a las agencias de agua frente a demandas relacionadas con la contaminación por cromo-6. La versión actual es más limitada: la inmunidad se aplica solo a demandas civiles de entidades no gubernamentales y únicamente mientras el sistema de agua siga activamente un plan de cumplimiento aprobado (o pendiente) por la Junta Estatal del Agua. Si el plan es rechazado o el sistema no lo sigue, la protección desaparece. La autoridad de aplicación del estado y del Fiscal General permanece sin cambios.
El calendario estatal (qué vigilar a continuación)
El estándar de California para el cromo hexavalente (Cr-6) en el agua potable de 10 partes por billón entró en vigor legalmente el 1 de octubre de 2024. Los plazos de cumplimiento se escalonan según el tamaño del sistema: más de 10,000 conexiones para el 1 de octubre de 2026; entre 1,000 y 9,999 para el 1 de octubre de 2027; menos de 1,000 para el 1 de octubre de 2028. Todos los sistemas comunitarios debían tomar una muestra inicial de Cr-6 dentro de los seis meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la norma (o usar datos recientes aprobados) y, si los resultados superan el límite antes de la fecha de cumplimiento aplicable, el sistema debe presentar un plan de cumplimiento en un plazo de 90 días.
Qué significa esto a nivel local
Las autoridades de Los Banos estiman alrededor de 65 millones de dólares para llevar el sistema de agua subterránea de la ciudad a pleno cumplimiento, aproximadamente la mitad del presupuesto anual de la ciudad. Los líderes aquí y en todo el Valle sostienen que, sin un margen legal mientras se construyen los grandes proyectos, los usuarios podrían terminar pagando más en demandas que en tratamiento. El Distrito de Agua del Valle de Coachella, por ejemplo, calcula sus costos de cumplimiento en más de 350 millones de dólares y afirma que a los sistemas grandes solo se les dieron dos años para cumplir con el nuevo límite máximo de contaminante.
El SB 466 ahora ofrece una red de seguridad legal más pequeña que al principio. Los plazos están fijos, el costo es real y la supervisión comunitaria es la palanca que mantiene unidas la responsabilidad y la asequibilidad.
