Unas 340 clínicas sin fines de lucro, conocidas como “centros de salud calificados a nivel federal,” operan en todo el Valle de San Joaquín y brindan atención médica a personas sin seguro y de bajos recursos. Sin embargo, una serie de medidas del presidente Trump y recortes presupuestarios propuestos en el Congreso están generando múltiples preocupaciones.
Cientos de clínicas de salud en todo el Valle de San Joaquín que reciben fondos federales para atender a personas de bajos recursos enfrentan múltiples preocupaciones debido a posibles recortes a Medicaid, el miedo de los pacientes ante redadas migratorias y los efectos de órdenes ejecutivas de la administración Trump.
Por ejemplo, una semana después de que el presidente Trump asumiera el cargo en enero, su administración sembró caos entre organizaciones sin fines de lucro y otros proveedores de servicios al congelar subvenciones, préstamos y otros fondos que ya habían sido asignados. Sin embargo, la Casa Blanca rescindió la orden un día después, tras ser bloqueada por un juez federal.
“Nosotros, como todos en este momento, tenemos muchas preocupaciones e incertidumbre, y probablemente eso es lo peor, que simplemente no sabemos qué va a pasar de un día para otro,” dijo Justin Preas, director ejecutivo de United Health Centers. Se refería al “shock inicial” que provocó la congelación fallida de fondos.
Los posibles recortes federales podrían tener un impacto devastador en las clínicas comunitarias y en las personas que dependen de ellas en todo el Valle.
Once organizaciones sin fines de lucro operan cerca de 340 clínicas o puntos de servicio en la región, incluyendo varias clínicas móviles. Algunas, como Golden Valley Health Centers con sede en Merced, United Health Centers of the San Joaquin Valley en Fresno, y Family HealthCare Network en Visalia, cuentan con decenas de ubicaciones.
Otras, como Altura Centers for Health, con sede en Tulare, o Livingston Community Health, con sede en Livingston, operan menos de 12 sitios.
En conjunto, estos centros realizaron más de 5 millones de citas médicas, dentales, de salud mental y otros servicios, según declaraciones fiscales presentadas al IRS para los años fiscales 2022 o 2023. Muchas de esas visitas fueron de pacientes inscritos en Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, el programa federal para personas de bajos ingresos.
Además de los reembolsos que reciben por parte de Medi-Cal, las clínicas también dependen —al menos en parte— de subvenciones federales para atender a personas sin seguro médico.
Amy Collier Carroll, vicepresidenta y directora de comunicación de Golden Valley Health Centers, también habló sobre la incertidumbre.
“Se ha hablado mucho sobre cómo podrían afectarnos esos posibles recortes, tanto a nosotros como a nuestros pacientes,” dijo. “Hay muchas especulaciones sobre lo que piensa la administración, pero la verdad es que nadie sabe qué podría pasar.”
Otros aspectos de las órdenes ejecutivas del presidente Trump —especialmente en materia migratoria— y la posibilidad de recortes profundos a Medicaid por parte de un Congreso controlado por republicanos también tienen en alerta a los proveedores.
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Una resolución presupuestaria presentada por los republicanos en la Cámara de Representantes propone que el Comité de Energía y Comercio —encargado, entre otras cosas, de supervisar la salud pública y programas como Medicaid, Medicare y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)— encuentre formas de reducir el déficit federal en al menos 880 mil millones de dólares durante los próximos 10 años. Analistas coinciden en que eso implicaría recortes importantes a Medicaid.
Sin embargo, esta resolución, que busca un total de 6.3 billones de dólares en reducciones al déficit y que fue aprobada por un estrecho margen de 217 a 215 votos el mes pasado, aún está lejos de hacerse realidad.
Según la organización sin fines de lucro KFF, especializada en políticas y estudios de salud, Medicare —el programa que brinda cobertura médica a adultos mayores— representa alrededor del 15% del presupuesto federal, mientras que Medicaid equivale a cerca del 8.6%.
Directivos de clínicas, que dependen de los reembolsos del gobierno a través de Medicaid y Medicare, dicen que se están preparando para salir adelante incluso si estos programas sufren recortes.
“Estamos familiarizados con los retos que vienen con los cambios de liderazgo a nivel federal,” dijo Greg Diederich, director ejecutivo de Community Medical Centers, una red de clínicas con sede en Stockton, en un comunicado enviado a CVJC. “Mientras trabajamos para encontrar un camino en este nuevo entorno, el bienestar de nuestros pacientes sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.”
(Esta organización sin fines de lucro en Stockton no debe confundirse con Community Medical Centers de Fresno, que opera el Community Regional Medical Center en el centro de Fresno, el Clovis Community Medical Center en Clovis y otras instalaciones de salud en el área.)
Justin Preas, de United Health Centers, comentó que han contactado a congresistas locales, como David Valadao (R-Hanford) y Vince Fong (R-Bakersfield), quienes les han asegurado que Medicaid y Medi-Cal no serán recortados.
“Nos dicen que todo va a estar bien, pero los números no cuadran,” dijo Preas. “No hay manera de que consigan 880 mil millones sin tocar el programa de Medi-Cal. El gobierno federal dice que va a enfocarse en el fraude y el abuso, pero simplemente no da.”
Además, California también enfrenta problemas fiscales propios que podrían afectar la parte del presupuesto estatal dedicada a Medi-Cal, advirtió Preas. “Así que sí, estamos muy preocupados.”
Preas estimó que alrededor del 60% de los 180,000 pacientes que atienden en United Health están inscritos en Medi-Cal.
Directivos de clínicas señalan que sus servicios ayudan a reducir costos para el programa Medicaid/Medi-Cal al evitar que los pacientes terminen en salas de emergencia, que en el Valle ya están sobrecargadas.
“Brindamos atención a comunidades desatendidas, personas sin seguro médico y quienes no pueden pagar un seguro privado,” dijo Amy Collier Carroll, de Golden Valley Health. “Le ahorramos mucho dinero al sistema de Medicaid al evitar visitas innecesarias a emergencias.”
“Muchos de nuestros pacientes no tienen otra opción,” agregó. “Sería desastroso si nos recortan los fondos.”
Preas también destacó el apoyo bipartidista que históricamente han tenido Medicaid y el programa de Centros de Salud Calificados a Nivel Federal (FQHC, por sus siglas en inglés).
“Hemos demostrado una y otra vez que somos un modelo de atención, especialmente en atención primaria, donde se generan los mayores ahorros en salud,” dijo. “Lo hacemos de forma más eficiente y brindamos muchos servicios que no se ofrecen en otros entornos.”
Pero Medicaid no es la única fuente de preocupación.
“Encima de todo eso,” añadió, “tenemos el tema de inmigración.”
Cómo el debate migratorio está afectando a las clínicas
La incertidumbre también rodea las políticas migratorias de la administración Trump, desde órdenes ejecutivas que buscan negar beneficios financiados por el gobierno a inmigrantes indocumentados hasta la eliminación de protecciones que impedían a agentes federales realizar arrestos o detenciones en lugares considerados “sensibles,” como clínicas de salud, iglesias y escuelas.
La retórica agresiva del presidente Trump, sus promesas de deportaciones masivas, y las redadas ampliamente difundidas están generando miedo —no solo entre las clínicas, sino también entre sus pacientes, algunos de los cuales se presume que no tienen documentos.
“Los pacientes están aterrados… y tienen motivos para estarlo,” dijo Preas.
Pocos días después de que Trump asumiera la presidencia, agentes uniformados de ICE (la agencia de inmigración) se presentaron en una clínica de United Health Centers en Dinuba “buscando a una persona específica,” contó Preas. Resultó que ICE se equivocó de lugar.
Pero la noticia se viralizó en redes sociales, desatando una ola de desinformación y lo que Preas describió como “alarmismo,” incluyendo rumores falsos de que ICE estaba arrestando gente en el estacionamiento y haciendo redadas en otras clínicas.
“Es casi imposible detener eso porque se riega como fuego,” dijo. “Desde que todo esto comenzó con la nueva administración, los pacientes empezaron a tener mucho miedo, y ICE estaba ahí afuera.”
Preas afirmó que tienen evidencia concreta de que pacientes han dejado de acudir a sus citas o han evitado tratamientos por miedo.
En las clínicas de Golden Valley Health en los condados de Merced, Stanislaus y San Joaquín la situación es similar, comentó Collier Carroll.
“Sabemos que algunos de nuestros pacientes están preocupados por lo que podría pasar con esta administración debido a todo lo que se ha dicho sobre inmigración, y eso los pone nerviosos sobre su estatus,” dijo. “Hemos escuchado de pacientes que tienen miedo de venir a la clínica.”
Las clínicas están tratando de tranquilizar a sus pacientes asegurándoles que están protegiendo su privacidad, incluyendo cualquier información sobre su estatus migratorio, “y animándolos a seguir recibiendo la atención que necesitan,” señaló Collier Carroll. También están ofreciendo consultas virtuales y llamadas por telemedicina para quienes tienen miedo de acudir en persona.
Todo esto se complica aún más con la orden ejecutiva firmada por Trump el 19 de febrero que busca “asegurar, en la mayor medida posible permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes se otorgue a inmigrantes no calificados.”
PDF OF EXECUTIVE ORDER
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En la orden ejecutiva, el presidente afirmó que el objetivo es “evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán que fomente la inmigración ilegal.”
En la práctica, esta orden podría resultar en la eliminación, al menos parcial, de fondos federales destinados a clínicas y organizaciones que brindan servicios a personas indocumentadas. Esto podría entrar en conflicto con los fondos federales que ya han sido otorgados a centros de salud calificados a nivel federal (FQHC) específicamente para atender a trabajadores agrícolas migrantes. Cabe recordar que California amplió el año pasado el acceso a Medi-Cal para incluir a inmigrantes indocumentados.
“Ese es el dilema en el que estamos,” explicó Preas. “Recibimos fondos federales para atender a personas sin seguro médico, pero… la mayor parte de ese dinero que recibimos cada año está destinado a trabajadores agrícolas migrantes y de temporada, básicamente personas migrantes. Y luego sale una orden ejecutiva —que no es ley— que dice que no deberíamos brindar atención a personas indocumentadas.”
“El gobierno federal nos dice: ‘Queremos que atiendan a personas migrantes, pero no las atiendan,’” añadió. “Esa es la incertidumbre que estamos viviendo. Ese es el mundo en el que estamos ahora, y es muy difícil navegar todo eso.”
Tim Sheehan es el reportero especializado en salud del medio sin fines de lucro Central Valley Journalism Collaborative. Esta cobertura es posible gracias a una beca del Fresno State Institute for Media and Public Trust. Para contactar a Sheehan, escribe a [email protected].
