Merced, CA (15 de diciembre de 2025) — Una familia de Merced presentó una demanda por homicidio culposo contra el Estado de California y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés), alegando que el personal de la prisión no evitó un ataque mortal entre reclusos y permitió indebidamente que un video gráfico del incidente circulara en línea. La demanda se origina tras la muerte de Joseph Mendoza, de 36 años, quien estaba encarcelado en la Prisión Estatal de Salinas Valley, en Soledad, y fue asesinado durante una agresión en abril de 2025. La familia sostiene que las acciones e inacciones de los funcionarios penitenciarios antes, durante y después del ataque contribuyeron tanto a la muerte de Mendoza como al trauma emocional que siguen enfrentando.
El 8 de abril de 2025, Joseph Mendoza fue atacado dentro del Área C de la prisión cuando dos reclusos, identificados por el CDCR como Edgar Frayre y Nicolas Young, lo agredieron con armas improvisadas en una sala común. Según el CDCR, el personal observó el ataque alrededor de las 5:39 p.m., dio múltiples órdenes verbales que fueron ignoradas, y luego utilizó fuerza no letal para detener la agresión. Frayre y Young fueron sometidos, y Mendoza recibió atención médica, pero fue declarado muerto a las 6:10 p.m. El CDCR clasificó el incidente como un homicidio. Aunque la agencia no ha informado el número exacto de heridas, reportes de medios vinculados a la demanda señalan que un video de vigilancia muestra que Mendoza fue apuñalado más de 180 veces durante el ataque, una cifra atribuida a dichos reportes y no confirmada de forma independiente por autoridades correccionales o médicas. El caso sigue bajo investigación por parte de la Unidad de Servicios de Investigación del CDCR y la Fiscalía del Condado de Monterey.
La demanda alega que el personal del CDCR no intervino de manera adecuada ni protegió a Mendoza durante el ataque, y tampoco resguardó correctamente el material de vigilancia sensible después del hecho. Los abogados de la familia califican el manejo del video como irresponsable y sin justificación válida desde una perspectiva correccional. La querella plantea interrogantes legales sobre si la difusión del video violó leyes de California relacionadas con la divulgación de imágenes gráficas por parte de empleados públicos, incluidas normativas conocidas como la “Ley Kobe Bryant”, aunque aún no se ha determinado cómo se aplican dichas leyes en el contexto penitenciario.
El CDCR ha ofrecido una versión diferente del incidente, afirmando que el personal de custodia respondió a la pelea, dio órdenes verbales y utilizó medidas no letales para frenar la agresión. El departamento también indicó que se brindó atención médica, pero Mendoza murió a causa de sus heridas. Además, el CDCR reconoció que se está llevando a cabo una revisión interna y que cualquier miembro del personal que haya violado políticas del departamento sobre el uso de dispositivos de grabación o la difusión de material sensible podría enfrentar sanciones disciplinarias.
La Fiscalía del Condado de Monterey y la Unidad de Servicios de Investigación del CDCR siguen revisando las circunstancias del homicidio. De manera independiente a la demanda, el CDCR confirmó previamente que dos reclusos fueron identificados como sospechosos en el asesinato y que el caso continúa bajo investigación.
La demanda de la familia busca una compensación económica y que se exijan responsabilidades al estado y a los funcionarios correccionales dentro del sistema penitenciario de California. El caso sigue en proceso en una corte federal y aún no se ha tomado una decisión final sobre la responsabilidad o posibles faltas.
