LOS BANOS, CA (25 de septiembre de 2025) — El pasado 5 de septiembre, una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito reafirmó que los sistemas de drenaje agrícola que transportan escurrimientos de riego pueden operar sin necesidad de permisos federales bajo la Ley de Agua Limpia, siempre y cuando no estén mezclados con descargas de fuentes puntuales externas.
El fallo es especialmente relevante para los agricultores en la zona de drenaje de Grassland, al oeste de Los Banos, donde miles de acres de tierras agrícolas dependen de desagües diseñados para remover agua subterránea cargada de sales y selenio. Durante décadas, ese drenaje ha sido manejado a través del proyecto Grassland Bypass, que desvía los flujos lejos de humedales y refugios de vida silvestre antes de enviarlos a Mud Slough y al río San Joaquín.
Grupos ambientalistas argumentaron que contaminantes combinados —como filtraciones de agua subterránea, polvo u otros aportes no agrícolas— deberían eliminar la exención y activar el requisito de un permiso federal. Sin embargo, el Noveno Circuito no estuvo de acuerdo, concluyendo que el Congreso eximió específicamente los escurrimientos de riego de los permisos de la Ley de Agua Limpia, y que extender esos requisitos a contaminantes incidentales anularía esa exención.
No obstante, los jueces dejaron claro que la exención no aplica si se conectan otras descargas de fuentes puntuales, como drenajes pluviales municipales, aguas residuales tratadas o descargas industriales. En esos casos, sí podría ser necesario obtener un permiso federal.
Impacto local en el condado de Merced
Para los agricultores de Los Banos y la región de Merced, la decisión brinda un grado de certeza en un momento de constante cambio en la regulación del agua. El Grassland Bypass Project ya opera bajo Requisitos Estatales de Descarga de Desechos impuestos por la Junta Regional de Control de Calidad del Agua del Valle Central, que establece límites de selenio y otros contaminantes. El nuevo fallo de la corte protege efectivamente al proyecto —y a las granjas que dependen de él— de una capa adicional de permisos federales.
“Es una victoria importante para la agricultura de riego en el Valle de San Joaquín”, comentó un defensor agrícola del Valle Central tras conocerse la decisión. “Los productores siguen bajo supervisión estatal estricta, pero al menos no se verán obligados a duplicar permisos federales que podrían frenar las operaciones y aumentar los costos.”
A pesar del fallo, se recomienda a las agencias locales y a los agricultores mantenerse atentos. Si se conectan descargas externas al sistema de Grassland, incluso de manera no intencional, esos flujos podrían activar requisitos de permiso bajo la ley federal. Los grupos ambientalistas también continúan monitoreando la salud de los humedales regionales y el Área de Vida Silvestre de Los Banos, donde la calidad del agua está estrechamente ligada a las prácticas de drenaje.
Expertos legales señalan que la decisión de la Corte Suprema en el caso Maui vs. Hawaii Wildlife Fund de 2020 —que determinó que algunas descargas indirectas podrían requerir permisos si son “funcionalmente equivalentes” a descargas directas— podría influir en litigios futuros relacionados con drenajes agrícolas.
Por ahora, la decisión del Noveno Circuito refuerza el entendimiento de larga data de que los escurrimientos agrícolas reciben un trato distinto bajo la ley federal. Para el condado de Merced y Los Banos, donde la agricultura es pilar de la economía y la gestión del agua da forma al paisaje, el fallo brinda tranquilidad, pero también recuerda que el equilibrio entre la producción agrícola y la protección ambiental seguirá siendo tema de atención.
