LOS BANOS, CA (18 de agosto de 2025) — Las declaraciones de la candidata al Concejo Municipal del Distrito 1, Kalid Virriy Sanchez, han generado nuevas dudas tras una entrevista con un medio local sobre sus deudas financieras, sumadas a una demanda presentada recientemente en su contra en la Corte Superior del Condado de Merced. Mientras la ciudad sigue recuperándose de decisiones pasadas del concejo que costaron millones a los contribuyentes, los votantes evalúan si el historial de Sanchez demuestra la preparación necesaria para ocupar un cargo público.
Declaraciones de la Candidata
En un artículo publicado el 14 de agosto por el West Side Express, Sanchez reconoció que ha tenido dificultades para mantener su boutique. “La luz me salió más de $2,000 en un solo mes”, dijo. “Así que no había forma de seguir con el negocio. Me atrasé con la renta”.
Explicó que aunque firmó un contrato de arrendamiento por siete años, subarrendó el local a un grupo de apoyo cuando ya no pudo pagarlo. “Tengo que recuperar el dinero de ellos, y [el dueño] sumó eso a mi contrato”, dijo Sanchez.
Cuando se le preguntó por qué no reportó esas obligaciones en el Formulario 700 —una declaración de intereses económicos obligatoria por ley—, contestó: “No lo puse en el Formulario 700 porque no es dinero que yo recibí. No pedí un préstamo. Nunca recibí dinero de ellos”.
Sanchez también habló del impacto que ha tenido el escrutinio público. “Si llego a ser parte del concejo, no quiero que muchas personas vayan a mi casa —por la seguridad de mis hijos”, dijo la candidata, madre de cinco. “Con todas las mentiras y un investigador privado escribiendo sobre mí… no me siento segura”.
Documentos Públicos con Desarrollador
Registros de la Oficina del Registro del Condado de Merced muestran que Sanchez y su esposo firmaron dos escrituras de fideicomiso a favor del desarrollador de Sacramento, Ethan Conrad:
- $19,189 fechados el 18 de julio de 2023, con vencimiento el 31 de marzo de 2027
- $36,000 fechados el 13 de septiembre de 2024, con vencimiento el 31 de marzo de 2030
Una escritura de fideicomiso es un instrumento de préstamo con garantía que puede ser ejecutado mediante ejecución hipotecaria, conforme al Código Civil de California §§ 2920–2924. Según la Ley de Reforma Política, los candidatos deben revelar cualquier deuda de $500 o más, incluidos préstamos de particulares con garantía de bienes inmuebles. El Código de Gobierno § 87207(b)(2) exige reportar “cualquier préstamo pendiente” y “cualquier acreedor al que se le deban $500 o más”. Las instrucciones del propio Formulario 700 de la FPPC indican que “los préstamos de prestamistas particulares que sumen $500 o más y estén garantizados por bienes inmuebles pueden ser reportables”.
Un fideicomisario de la Corte de Bancarrotas del Distrito Este de California, que revisó los documentos, señaló que nunca había visto una estructura comercial como esa, calificando las escrituras como “extraordinarias”. Agregó que su forma poco común podría generar complicaciones legales. Un investigador retirado del Buró de Corrupción Política del Condado de Riverside también expresó preocupación por la omisión de estas deudas, considerándola una posible violación de las leyes estatales de divulgación.
Hasta el momento, Sanchez no ha respondido a las preguntas del Enterprise sobre si consultó con expertos en cumplimiento para saber si debía reportar esas obligaciones.
Demanda en el Condado de Merced
Además de las escrituras no reveladas, Sanchez enfrenta una demanda en la Corte Superior del Condado de Merced. El caso número 25CV-02596, Midland Credit Management, Inc. v. Kalid V. Sanchez, fue presentado este año por incumplimiento de contrato. La demanda alega que Sanchez dejó de pagar una deuda financiera.
Registros judiciales indican que fue notificada legalmente, pero no ha presentado respuesta en el tiempo requerido. Expertos legales señalan que esto hace probable que se emita un fallo en rebeldía, lo que permitiría al acreedor poner otro gravamen sobre su propiedad. Este caso no está relacionado con el desarrollador Ethan Conrad, pero representa otro asunto financiero sin resolver en su historial. Sanchez no fue contactada para comentar sobre esta demanda, ya que ha dejado claro que no dará declaraciones al Enterprise.
Preocupaciones por la Divulgación Financiera
Durante su campaña, Sanchez ha destacado su experiencia como dueña de negocio y analista financiera. Sin embargo, un análisis de los estatutos, instrucciones y cartas de orientación de la FPPC, junto con opiniones de expertos, indican que sus explicaciones reflejan un malentendido de los requisitos legales.
La FPPC ha establecido que lo que determina si una deuda debe divulgarse es si existe una obligación legalmente exigible. En diversas cartas, la Comisión ha indicado que deudas garantizadas por bienes inmuebles, así como líneas de crédito, califican como “préstamos” para efectos de divulgación. Bajo esa medida, las escrituras firmadas por Sanchez y su esposo debieron ser reportadas.
También ha generado inquietud su decisión de no responder a la demanda de Midland. No contestar casi garantiza un fallo en su contra, algo que puede tener consecuencias financieras y legales a largo plazo. Para los observadores, este tipo de omisiones se vuelve aún más preocupante cuando se trata de alguien que busca un cargo público.
Posibles Implicaciones por Difamación
En su entrevista con el West Side Express, Sanchez mencionó “todas las mentiras y un investigador privado escribiendo sobre mí”. Esta afirmación parece confundir dos funciones distintas. El Enterprise es un medio de comunicación que realiza periodismo investigativo; aunque su CEO también dirige una agencia de investigación privada, ambas entidades operan de forma separada. El Enterprise no contrató a ningún investigador privado para cubrir el caso de Sanchez; toda la información fue recopilada bajo estándares periodísticos.
Acusar a un medio de mentir podría interpretarse como difamación. Si bien los candidatos tienen derecho a discrepar con la cobertura mediática, calificar reportajes basados en hechos como falsedades es una afirmación objetiva que podría generar responsabilidad legal. Los Banos ya ha estado cerca de enfrentar demandas por comentarios de funcionarios públicos: el concejal Brett Jones estuvo a punto de provocar una querella por difamación tras comentarios en Facebook, a pesar de que no hablaba en calidad oficial. Críticos advierten que elegir a candidatos que hacen declaraciones imprudentes podría poner al municipio en riesgo legal.
Una Ciudad Aún en Recuperación
El electorado de Los Banos está particularmente atento a temas de manejo financiero. En años recientes, el concejo rehízo el contrato del exadministrador Josh Pinheiro bajo términos que terminaron costando $1.8 millones, lo cual desató demandas, una elección revocatoria y fuertes críticas. Aunque esas decisiones no se consideraron actos de corrupción, sí se vieron como resultado de la falta de experiencia y juicio.
Algunos residentes temen que elegir a una candidata que no comprenda completamente los requisitos de divulgación, que ignore procesos legales o haga declaraciones potencialmente difamatorias, podría llevar a errores similares.
Lo que los Votantes Deberán Evaluar
El próximo 26 de agosto, los votantes del Distrito 1 deberán decidir si el historial y los recientes problemas legales de Sanchez reflejan la preparación necesaria para representar a la comunidad.
Los hechos documentados muestran que:
- Ella y su esposo firmaron dos escrituras de fideicomiso con un desarrollador que no reportaron en los formularios requeridos por la FPPC.
- Está siendo demandada por incumplimiento de contrato en el Condado de Merced, no ha respondido, y corre el riesgo de que se le imponga otro gravamen.
- Ha descrito sus obligaciones de una manera que no concuerda con las definiciones legales del estado sobre deudas.
- Ha acusado públicamente al Enterprise de mentir, lo cual podría tener consecuencias legales.
Sanchez ha dicho sentirse injustamente señalada y ha reiterado su compromiso con la seguridad de su familia. Ahora serán los votantes quienes decidirán si esas explicaciones, junto con su historial legal y financiero, son suficientes para asumir una silla en el Concejo Municipal de Los Banos.
